Carlota Merchán

Este lunes 7 de mayo tres bomberos sevillanos voluntarios de la ONG PROEM-AID, Manuel Blanco, Quique Rodríguez y Julio Latorre se enfrentan a un juicio en Lesbos acusados de promover el tráfico de personas para lo que se les pide una pena de 10 años de cárcel.

Manuel, Quique y Julio fueron a Lesbos a salvar vidas. Sus conciencias se rebelaron ante el sufrimiento de las miles de personas que llegaban a las costas de Grecia huyendo de la guerra en Siria y decidieron poner lo mejor de ellos mismos para que llegaran vivas a las costas europeas.

Ése es su delito, sentir el dolor ajeno como propio y hacer lo que toda persona y Estado de bien debería hacer, no dejar morir a otro ser humano. Nada más ni nada menos que salvar vidas.

Sin embargo, los últimos tiempos estamos asistiendo a un discurso de criminalización de las organizaciones humanitarias -no olvidemos el proceso en Italia contra Open Arms- que no es nada casual. Aún resuenan en nuestros oídos las declaraciones del Ministro Zoido en las que decía que las ONG favorecían la inmigración irregular, declaraciones que tuvo que rectificar.

Quienes navegan en las aguas del Mediterráneo no solo rescatan personas sino que son observadores de lo que allí pasa, o no pasa. Como sucede en todos los contextos de crisis, las ONG son testigos no siempre cómodos, o no para todos.

No insistiré hoy en la necesidad de que los Estados se tomen realmente en serio la movilidad humana mediante vías legales y seguras y de manera especial la garantía del derecho de protección. No abundaré hoy en el fracaso de la Unión Europea en su política de acogida.

Hoy urge trasladar el apoyo y la solidaridad a Manuel, Quique y Julio que lo único que han hecho, es lo más grandioso que un ser humano puede hacer por un igual, salvar su vida y eso no puede ser delito.

#SalvarVidasNoEsDelito

@CarlotaMerchn