Carlota Merchán

Hoy 17 de octubre es el día internacional contra la pobreza. La pobreza y la desigualdad son el principal reto que afronta la Humanidad, el reto que enfrenta la primera generación capaz de erradicarlas. Sin embargo, si bien la pobreza extrema, esto es vivir con menos de 1,25 dólares al día ha descendido de manera relevante, no lo hecho la pobreza relativa y mucho menos la desigualdad, que crece cada día, empezando por los países desarrollados como el nuestro.

La pobreza hoy en día tiene muchos rostros diferentes, perfiles que han variado, pero con denominadores comunes determinantes. La vulnerabilidad a la pobreza es diversa y mayor que hace unos años, y desde luego mayor de lo que habríamos imaginado.
De hecho, cualquiera que dependamos de una nómina que alguien nos abona a fin de mes y con la que pagamos un crédito hipotecario podemos considerarnos vulnerables a la pobreza. Un despido, se agota la prestación de desempleo y la vida se complica. Hace unos días una ONG presentaba la campaña 1 de cada 5, recordándonos que 1 de cada 5 personas en este país vive en riesgo de pobreza. Y en este mismo país, el número de millonarios ha aumentado en un 24%. Un país de desigualdades.

Han sido las políticas públicas que contribuyen a la igualdad de oportunidades y la reducción de la desigualdad las que han sufrido los ajustes presupuestarios más severos, los hachazos. Sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, cooperación al desarrollo…. parecen ser políticas públicas para tiempos de bonanza económica.

Desde una visión de justicia social, una visión progresista de la sociedad, es precisamente lo contrario. Es en épocas de crisis en las que el Estado en tanto que garante y responsable del bienestar de su población debe movilizar los recursos necesarios para reducir el riesgo y la vulnerabilidad y garantizar la igualdad de acceso de todas las personas a los servicios públicos, a los mercados incluido el laboral -aunque hablar de mercado laboral es una contradicción en sí misma- y el desarrollo personal.

Y para ello son necesarias políticas fiscales progresivas, justas y con enfoque de derechos humanos. No podemos hablar de reducción de la pobreza y la desigualdad sin vincularla con políticas fiscales que permitan a los Estados cumplir con su obligación de garantizar el bienestar y la igualdad de oportunidades de sus ciudadanos y ciudadanas, es decir, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los Estados están obligados a movilizar los recursos disponibles a tal fin, así como a cooperar con los que lo necesiten para que estos Estados cumplan con esa misma obligación.

La pobreza humilla a quien la sufre, a las personas que viven excluidas de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos, del empleo decente, de la cultura, de lo que está ahí y miran sin poder tocar. Pero a quien realmente humilla y pone en evidencia es a quien en lugar de proteger a las personas vulnerables decide ponerse del lado de los fuertes y enriquecer a unos pocos para empobrecer a la mayoría.

Las personas progresistas, socialistas, entendemos el compromiso con la erradicación de la pobreza y la desigualdad como un compromiso global, que no hace distinción entre pobres de aquí y de allí. La justicia social es global o no es y la salida de la crisis y de la pobreza de unos no puede ser a costa del empobrecimiento de otros, estén donde estén y sean de donde sean.

@CarlotaMerchn