Carlota Merchán

Hace un año el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció un Expediente de Regulación de Empleo en la Radio Televisión pública. Otro ejemplo en el que los trabajadores y trabajadoras iban a pagar los desmanes y mala praxis de los gestores de una empresa pública.

Salvando todas las distancias, el caso de las televisiones públicas guarda ciertas semejanzas con el de las cajas de ahorros. En ambos, los responsables han manejado las empresas que gestionaban dejando de lado su naturaleza pública, de servicio público. Y en ambos casos han gestionado con la tranquilidad que les daba jugar, como si de un casino se tratara, con el dinero de los ciudadanos, compitiendo con medios de comunicación privados con intereses igualmente privados.

El acceso a la información es un derecho consagrado en la Constitución y en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce «el derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión» .

La televisión pública es un servicio público, sufragado a través de los presupuestos autonómicos, de los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, su misión es la de facilitar el ejercicio del derecho a la información de la ciudadanía.

Gestionar eficaz y eficientemente los servicios públicos no pasa, como se empeñan en hacernos creer algunos, en privatizar o tratar como un bien privado lo que es un bien común.
La tentación de suprimir un servicio que deja de ser atractivo para los gobernantes existe e incluso convence a quienes se dejan seducir por el ya manido mensaje de la austeridad y la necesidad de priorizar entre servicios públicos.

Salvar Telemadrid (o Canal 9) no es salvar el modelo de televisión pública que las han situado en la situación actual, sino apoyar la existencia de una televisión pública con vocación de servicio, que sirva a la ciudadanía y no a intereses de mercado que si bien son legítimos en el caso de las televisiones privadas no lo son en las públicas.
Una empresa rinde cuentas ante sus accionistas, una empresa pública debe hacer lo propio ante los suyos, que no son otros que los ciudadanos y ciudadanas cuyos impuestos la sostienen.

Trabajemos por un modelo de televisión pública independiente y que sea realmente un servicio público. Salvemos Telemadrid y con ella nuestro derecho a la información.

@CarlotaMerchn