Carlota Merchán

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de cuya proclamación se cumple hoy 65 años afirma que «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial a alimentación,  el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.»

 Ignoro si cuando Eleanor Roosevelt vio su sueño plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 podía imaginar los inmensos avances que daría la Humanidad al amparo de los Derechos Humanos. O quizás sí. Pero me aventuro a pensar que sí podía pensar que la Declaración era el inicio del reconocimiento efectivo de esos derechos y de que su defensa y protección no tenía fin.

 El derecho a la salud universal, a la educación, a una alimentación adecuada, al agua… no están al alcance de todas las personas. Y no me refiero a países en desarrollo, sino a éste.

 Los derechos económicos, sociales y culturales son los que marcan la diferencia entre una vida digna de una que no lo es. Son los que fundamentan la igualdad de oportunidades entre clases, sobre los que asienta el ejercicio de las libertades. Y por consiguiente, si estas últimas están plenamente reconocidas en nuestra Constitución,  resulta difícil entender que los derechos a la salud, la educación o la protección social no lo estén.

Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos no hace distinción entre derechos, sino que destaca su indivisibilidad e interdependencia, ¿por qué lo hace la Constitución?

 Decía Rosseau que «entre el débil y el fuerte, es la libertad la que oprime y la ley la que libera». Este pensamiento del siglo XVIII resulta válido en el siglo XXI, pues son las interpretaciones de redacciones vagas las que permiten, mediante auténticos encajes de bolillos, restringir el acceso a la atención sanitaria universal o que miles de personas desempleadas en España sobrevivan gracias a la caridad.

 Los derechos se conquistan y la actualidad nos confirma que se puede dar marcha atrás en esas conquistas si caemos en el error de considerar que son irreversibles per se, sin estar apropiadamente protegidos por Ley y el compromiso real de los Estados.

 Eleanor lo sabía.

@CarlotaMerchn