Recuerdo cómo el 17 de octubre de hace unos cuantos años miles de personas salimos a la calle convencidos del lema que se gritaba entonces en todo el mundo «Somos la primera generación que puede terminar con la pobreza». De verdad lo creíamos.
En octubre de 2013 el panorama es bien diferente. En clave exterior, los Objetivos de Desarrollo del Milenio están lejos de alcanzarse. Aunque es cierto que los datos de pobreza extrema han mejorado, hay muchos países, fundamentalmente en África Subsahariana, que apenas han registrado cambios en su situación de pobreza en sus diferentes dimensiones.
En clave interna, según el último informe de Cáritas española, más de 3.000.000 de personas viven en nuestro país en situación de pobreza severa. Personas que deben sobrevivir con menos de 307 € al mes, lo que a todas luces es simplemente imposible.
El adelgazamiento de las políticas sociales, el deterioro de las condiciones laborales y retroceso en los derechos de los trabajadores, los recortes en becas y ayudas al estudio, re-copagos farmacéuticos, retirada de prestaciones y derechos están condenando a miles de familias a la exclusión presente y futura.
España es el país europeo con mayor índice de desigualdad, lo que supone un serio retroceso en los avances registrados las últimas décadas en cuanto a igualdad de oportunidades.
Y no es una cuestión económica sino ideológica, una cuestión de prioridades: si se da prioridad a satisfacer el hambre insaciable de los mercados y la banca o a las personas. Y la elección ha sido clara, las personas en último lugar. Las personas de aquí y de allá.
Es precisamente en momentos de crisis cuando se deben reforzar las políticas sociales para exponer a la pobreza a los más vulnerables. Cuán protegida está su ciudadanía de la pobreza y la exclusión a través de las políticas públicas es lo que marca la diferencia entre Estados.
Los Gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de quienes gobiernan y no al contrario. Y la salud, la educación, el trabajo decente o la vivienda son derechos humanos.
Efectivamente somos la primera generación que puede terminar con la pobreza y por ello, los ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación de recordar a nuestros que no están cumpliendo con su responsabilidad.
Debemos rebelarnos contra la pobreza y las políticas que la generan. Sigo creyendo que podemos terminar con la pobreza, es una cuestión de saber qué y quiénes importan y ponerse a ello.
@CarlotaMerchn
Carlota Merchán 
Deja un comentario